La finalización de la relación laboral entre empleado y empresa puede deberse a diversos motivos y ejecutarse mediante diferentes tipos de procedimientos. Los efectos jurídicos y económicos variarán según el modo en el que se resuelva la relación. Determinadas situaciones en una empresa pueden hacer explícita la necesidad de dar por finalizado un contrato antes de tiempo y llegado a este punto, es común preguntarse ¿es legal pactar un despido?
A continuación, intentaremos aclarar qué dice la legislación española en cuanto al despido pactado.
¿Por qué se realizan los despidos pactados?
Se trata de una práctica más común de lo que debería con el objetivo de llevar a cabo un acuerdo común para articular la salida del trabajador de la empresa. En esta práctica, al pactar un despido el empleado y el empleador deciden fijar unos términos que resulten beneficiosos económicamente para ambas partes.
El problema de este tipo de despidos “pactados”, es que se utilizan también para obtener unos determinados beneficios extraoficiales tanto para el trabajador como para el empresario que consisten en:
- A) Para el trabajador consiste en que se tramite su finalización en la empresa como un despido (cuando realmente en la mayoría de los casos se trata de una baja voluntaria) para así poder acceder a la prestación por desempleo a la que no podría acceder si hubiese causado baja voluntaria en la empresa realmente.
- B) Para el empleador consiste en finalizar la relación laboral con el trabajador de esta forma y en este momento asumiendo el mínimo de coste (sólo el asociado a las vacaciones pendientes y la parte proporcional de las pagas extraordinarias en caso de no tenerlas prorrateadas) que se puede asumir al finalizar una relación laboral al no tener que asumir ningún coste derivado de una indemnización por despido.
¿Entonces, es legal pactar un despido?
La respuesta es No, el despido pactado no se incluye en la legislación española como tal, por lo que estos despidos pactados son una solución que comporta un fraude de ley.
Como ya hemos comentado, se trata de una práctica generalizada en la que trabajador y empresario negocian los términos de una finalización de contrato acorde a sus intereses. Pactar un despido se trata entonces, de un fraude jurídico en la que se otorga al empleado la condición de despedido para obtener el beneficio del cobro de la prestación por desempleo.
Si es posible pactar un acuerdo económico para mejorar este finiquito, pero en ningún caso el trabajador que causa baja voluntaria en una empresa percibirá la prestación por desempleo.
No existe una alternativa legal para este procedimiento, puesto que si el empleado decide causar baja voluntaria únicamente percibirá el finiquito correspondiente a la parte que le corresponda de vacaciones no disfrutadas y parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias siempre y cuando no las tuviese prorrateadas.
Riesgos de pactar un despido
Esta práctica puede tener determinados riesgos a todos los niveles tanto para empleados como para empleadores:
- A) Para la empresa: a nivel laboral, según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, el despido pactado se considera una infracción muy grave. En el caso de que se reconozca que un despido es fraudulento, a nivel fiscal se sancionará con la obligación del pago de retenciones correspondiente de las indemnizaciones realizadas. Del mismo modo, se corre el riesgo de causar delito de fraude de prestaciones por desempleo, siendo gravemente sancionado económicamente por este motivo además de perder el derecho de obtención de determinadas subvenciones y con la posibilidad incluso de obtener penas de prisión por este fraude.
- B) Para el trabajador: pactar un despido puede conllevar la extinción de la prestación por desempleo, pérdida de acceso a la prestación durante determinados meses, exclusión del derecho a otras prestaciones de fomento del empleo, exclusión de participación en programas de Formación Profesional y por supuesto, el devengo de las cantidades percibidas debidas al pacto fraudulento. Del mismo modo, correrá el riesgo de abonar determinadas sanciones económicas, la pérdida del derecho a acceder a otras subvenciones públicas y el riesgo de penas de prisión por este fraude.
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