El 1 de agosto de 2024 entró en vigor el Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, que establece normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (en adelante, «Reglamento IA o ley IA en la UE»). No obstante, su aplicación plena se llevará a cabo dos años después, el 2 de agosto de 2026, con diversas excepciones a este calendario.
En este contexto, el Reglamento de IA en la UE establece este plazo con el objetivo de proporcionar a las empresas el tiempo necesario para adaptarse a los desafíos que plantea su implementación.
Con esta legislación, Europa reafirma su compromiso con el desarrollo de una tecnología ética, integrando disposiciones diseñadas para impulsar la innovación y fomentar la colaboración con las entidades, en el marco de un Plan Coordinado sobre Inteligencia Artificial de la Unión Europea.
¿Cuál es el objetivo del Reglamento de la ley de IA en la UE?
El objetivo principal del Reglamento es optimizar el funcionamiento del mercado interior mediante la creación de un marco jurídico uniforme. Además, busca abordar y mitigar los riesgos relacionados con la salud, la seguridad, la democracia, el Estado de Derecho, el medio ambiente y los derechos fundamentales.
Con el nuevo Reglamento de IA en la Unión Europea, las empresas dedicadas a esta tecnología estarán sujetas a nuevas obligaciones, lo que podría influir en el desarrollo de la inteligencia artificial dentro del territorio europeo. Su ámbito de aplicación abarca tanto a agentes públicos como privados, tanto dentro como fuera de la UE, siempre que sus productos o servicios sean introducidos en el mercado de la Unión o que su uso tenga impacto en personas establecidas en ella.
Sin embargo, no es adecuado comparar el progreso de Europa con el de otros países basándose únicamente en si su desarrollo será más lento o si Europa podría quedar rezagada. Los efectos e impactos de la IA pueden variar significativamente según las características y necesidades específicas de cada región.
Este enfoque diferencial ya quedó reflejado en la Exposición Universal de Chicago de 1933, que señaló: “La ciencia descubre, la industria aplica y el hombre se adapta […]”.
¿Qué carga genera a las empresas dedicadas a esta tecnología?
Las obligaciones pueden afectar a los proveedores, fabricantes de productos con IA, importadores, distribuidores y los usuarios de sistemas de inteligencia artificial (por ejemplo, cuando compras esa herramienta). De todas formas, existen algunas excepciones al Reglamento.
La nueva ley de IA en la UE, dependiendo de que parte de dentro de la cadena pertenece la empresa, impone cargas en función de si eres el proveedor, el usuario, el distribuidor, el importador u otro usuario.
La perspectiva regulatoria del Reglamento de IA se fundamenta, en gran parte, en un enfoque basado en el riesgo. En este contexto, el riesgo se determina según las características del sistema de inteligencia artificial. Así, el Reglamento establece obligaciones específicas en función del riesgo que cada sistema representa. Por lo tanto, no todos los sistemas estarán sujetos a las mismas obligaciones; estos se clasifican en categorías de riesgo inaceptable, alto, limitado y mínimo o nulo, según su potencial impacto.
Es importante destacar que los sistemas de IA integrados en productos, servicios y procedimientos pueden ocasionar daños a personas físicas y jurídicas, lo que conlleva responsabilidad civil. La clave para prevenir los riesgos asociados al uso de la IA radica en la implementación de principios éticos en su desarrollo y aplicación.
Por este motivo, el Reglamento de IA está en constante evolución, lo que permite que las normativas se ajusten a los avances tecnológicos. Esto requiere una gestión continua de la calidad y el riesgo por parte de los proveedores, asegurando que los sistemas de IA se mantengan seguros y responsables en todo momento.
Ante los complejos desafíos que plantean los sistemas de inteligencia artificial, Delvy se compromete a proporcionarte una asesoría integral a lo largo de todo el proceso de implementación, utilización, exportación, importación o distribución de sistemas de IA a fin de garantizar una mayor seguridad jurídica.
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