El 10 de octubre de 2025 entrará en vigor en Italia la Ley n. 132/2025, “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”¹, la primera disposición nacional que regulará de manera orgánica el uso de sistemas de inteligencia artificial (IA) en el ordenamiento jurídico italiano. Esta ley ya representa un punto de inflexión, porque no se limita a establecer principios generales, sino que introduce modificaciones concretas en el Código Penal, el Código Civil y el Texto Único de Finanzas. Algunas de las medidas adoptadas serán inmediatamente efectivas, y otras requerirán decretos de aplicación – concretos – que tendrán que ser desarrollados en un marco regulatorio completo en los próximos doce meses.
Dicha norma se sitúa en el contexto europeo del Reglamento (UE) 2024/1689 (AI Act)², pero va más allá al anticipar medidas penales, financieras y de gobernanza que reflejan una voluntad política de posicionar a Italia como actor regulador activo en el ecosistema digital actual.
Modificaciones inmediatas al ordenamiento jurídico italiano: derecho penal y financiero
La ley introduce nuevas figuras delictivas y agravantes que responden a los riesgos emergentes asociados al uso de IA en contextos ilícitos. Entre las principales disposiciones, tenemos las siguientes en el código penal italiano:
- Art. 612-quater c.p.: que sanciona la difusión ilícita de contenidos generados o alterados mediante IA (deepfakes), con penas de 1 a 5 años de prisión. Esta norma responde a la creciente preocupación por la manipulación de imágenes, voces y videos con fines difamatorios, extorsivos o de desinformación.
- Art. 61 c.p. (n. 11-decies): se introduce como circunstancia agravante el uso de IA para la comisión de cualquier delito. Esta cláusula general permitirá a los jueces valorar el impacto tecnológico en la ejecución del ilícito.
- Art. 294 c.p.: se sancionan los atentados contra derechos políticos realizados mediante engaño tecnológico, con penas de 2 a 6 años. Este artículo busca proteger la integridad de los procesos democráticos frente a la manipulación algorítmica.
En el ámbito financiero, se refuerzan las sanciones por manipulación de mercado, y entre las disposiciones más relevantes, tenemos:
- Art. 2637 c.c.: sobre el delito de “aggiotaggio” cometido con IA se sanciona con prisión de 2 a 7 años3.
- Art. 185 TUF: sobre la manipulación de mercado mediante IA, y conlleva penas similares y multas de hasta 6 millones de euros.
Principios pendientes de implementación
Con la ley referida el Parlamento otorga al Gobierno un plazo de 12 meses para adoptar uno o más decretos legislativos que definan:
- los requisitos de calidad, trazabilidad y representatividad de los datos utilizados para entrenar modelos de IA,
- las reglas específicas para algoritmos en sectores sensibles (salud, justicia, educación, trabajo),
- los mecanismos de responsabilidad civil, administrativa y penal para desarrolladores, proveedores y usuarios,
- el régimen sancionatorio y los instrumentos de enforcement4.
Esta fase será determinante ya que sin decretos de implementación, los principios consagrados en el ordenamiento carecerán de eficacia operativa, y es que el riesgo de “regulación en suspenso” exige un seguimiento técnico-jurídico constante.
Gobernanza institucional: modelo distribuido sin nueva autoridad
Esta ley opta por un modelo de gobernanza distribuida: no se crea una nueva autoridad específica para la IA, sino que se asignan competencias a organismos ya existentes, coordinados por un Comité Interministerial:
- ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale): supervisión técnica y ciberseguridad,
- AgID (Agenzia per l’Italia Digitale): interoperabilidad y transformación digital,
- Garante Privacy: protección de datos personales y gobernanza algorítmica,
- AGCM (Autorità Antitrust): competencia y transparencia en mercados digitales,
- Agcom: pluralismo informativo y tutela de medios de comunicación.
Este enfoque evitará duplicaciones institucionales, pero plantea desafíos de coordinación, especialización y recursos. La eficacia dependerá de la capacidad de estas autoridades para adaptarse a un ecosistema tecnológico dinámico y transversal.
Principios rectores: enfoque antropocéntrico y derechos fundamentales
La ley italiana se alinea con el enfoque antropocéntrico del AI Act europeo, según el cual la IA debe ser transparente, segura, no discriminatoria y respetuosa de los derechos fundamentales. Se reafirma la necesidad de intervención humana en decisiones automatizadas que afecten derechos individuales, especialmente en contextos como salud, justicia y relaciones laborales.
Además, se introducen obligaciones de transparencia para profesionales, abogados, médicos, consultores y empresas deben informar a clientes y usuarios cuando emplean sistemas de IA en sus servicios. El módulo informativo profesional desarrollado por Confprofessioni y ANF constituye un primer instrumento de cumplimiento.
Implicaciones prácticas para empresas, profesionales e instituciones
La entrada en vigor de la Ley 132/2025 exige una revisión estratégica de contratos, políticas de compliance, gestión de riesgos y propiedad intelectual. Las empresas que desarrollan, integran o utilizan IA deberán:
- auditar sus sistemas para verificar conformidad con los principios de transparencia, trazabilidad y seguridad,
- adaptar sus cláusulas contractuales para prever responsabilidades específicas por uso de IA,
- implementar mecanismos de información clara y verificable para usuarios y clientes,
- evaluar el impacto ético y social de sus algoritmos en contextos sensibles.
Los profesionales jurídicos, por su parte, deberán actualizar sus competencias en derecho digital, protección de datos, responsabilidad algorítmica y gobernanza tecnológica, entre otros.
En conclusión la Ley n. 132/2025 representa un avance normativo significativo en la regulación nacional de la inteligencia artificial. Su carácter híbrido —normativo y delegativo— refleja la complejidad de legislar sobre tecnologías emergentes. La eficacia de esta norma dependerá de la calidad técnica de los decretos de implementación, del fortalecimiento institucional de las autoridades competentes y de la capacidad de los actores públicos y privados para adaptarse a un nuevo paradigma jurídico.
Italia se posiciona como laboratorio regulatorio en el contexto europeo, pero el verdadero desafío será garantizar que la IA se desarrolle en un marco de legalidad, equidad y respeto por la dignidad humana.
- Gazzetta Ufficiale, LEGGE 23 settembre 2025, n. 132 – GU Serie Generale n.223 del 25-09-2025.
- Reglamento (UE) 2024/1689 – AI Act, Parlamento Europeo y Consejo, 13 junio 2024.
- En el derecho italiano, aggiotaggio se refiere a la difusión de noticias falsas o exageradas con el fin de alterar el precio de valores negociados en bolsa o influir en el mercado financiero. Art. 2637 c.c., manipulaciones de mercado con IA
- Disposiciones delegadas – Capítulo VI de la Ley n. 132/2025
Autor:
Georgina Martínez
Delvy Italia
