Nueva normativa sobre las VTC
En octubre entró en vigor el real decreto ley por el que se modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), que pone en serio peligro el modelo de negocio de empresas como Uber o Cabify en España.
La nueva normativa, promovida por el Gobierno a raíz de las últimas protestas acontecidas en ciudades como Barcelona o Madrid promovidas por el sector del Taxi, se ha presentado a la opinión pública como una respuesta urgente para garantizar cierto equilibrio entre la oferta de servicios que ofrecen las empresas de VTC y la que ofrece los taxis.
El nuevo marco legal establece que serán las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos quienes deberán regular la actividad de las empresas de vehículos de alquiler con conductor (más conocidas por las siglas VTC), encabezadas por Uber y Cabify. Habrá un régimen transitorio de cuatro años para adaptarse a la nueva legislación y, durante esta moratoria, se permitirá tanto a los titulares de licencias de VTC expedidas antes de la entrada en vigor del real decreto ley como a aquellos solicitantes pendientes de resolución seguir operando como hasta ahora en el ámbito urbano. Tras este periodo “de gracia”, las licencias actuales de VTC (de ámbito estatal) únicamente quedarán habilitadas para prestar servicios en tramos interurbanos.
Este último punto supone “de facto” eliminar sus servicios ya que el 99% de los mismos se producen dentro de las ciudades. A partir de entonces, los operadores de VTC deberán solicitar una nueva licencia a la Comunidad Autónoma y Ayuntamiento competente donde operen para continuar ofreciendo sus servicios dentro de la ciudad.
Este periodo de transición se ha establecido para compensar posibles perjuicios que pueda ocasionar a titulares de licencias de VTC con arreglo a la normativa anterior. No obstante, en determinados casos justificados será posible ampliar dicho plazo de 4 años para recuperar la inversión. De esta forma, las administraciones evitan posibles indemnizaciones económicas que pudieran reclamar los dueños de las licencias, que según fuentes del sector pueden ascender a 3.700 millones de euros.
“Expropiación encubierta”
El sector de las VTC ya ha mostrado su enorme disconformidad con la nueva regulación y en un informe legal que han encargado tildan las nuevas medidas recogidas en este nuevo real decreto ley de “expropiación encubierta”. ¿Pero esto realmente es así?
Según las asociaciones de vehículos con conductor la normativa busca “acabar de golpe con todo un sector” porque “hace inviable la actividad económica” al restringir sus servicios. Además, mantienen que “no es una mera restricción de las condiciones del servicio, estamos ante una supresión de unas autorizaciones legalmente obtenidas y otorgadas por el mismo poder público”.
Cierto es que la justificación de esta nueva norma se basa en vagos conceptos de interés público como el medio ambiente, la congestión del tráfico o la movilidad y no se sustenta en verdaderos motivos de interés general, tal y como exige el Tribunal Constitucional para tirar adelante una legislación de este carácter. No obstante, calificar de “expropiación” el real decreto ley sobre las VTC quizás es algo demasiado osado.
El Congreso abre un nuevo escenario favorable a las VTC
Hace apenas unos días el Pleno del Congreso de los Diputados convalidó el real decreto ley impulsado por el Gobierno sobre la regulación de las VTC pero exigió su tramitación como proyecto de ley para poder introducir enmiendas. Esto, a la práctica, conllevará una demora en la aplicación de la norma y se abre la posibilidad incluso a modificar toda la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT).
La Autoridad Catalana de Competencia también plantea sus dudas sobre la normativa
La Autoridad Catalana de Competencia (ACOC), dependiente de la Generalitat de Catalunya, considera “muy negativa” la nueva normativa propuesta por el Gobierno central ya que, según defienden, aparte de presentar serias dudas sobre su constitucionalidad, no fomenta la competencia en el sector del transporte urbano.
La ACOC también pone de manifiesto que “los consumidores no puedan recibir los beneficios de la competencia” ya que desde la aparición de los servicios de Uber y Cabify el sector del Taxi se ha visto obligado a renovarse e introducir leves mejoras en sus servicios. Ahora, en caso de que esta normativa sobre las VTC tirara adelante, al verse claramente favorecidos en una figura prácticamente monopolística, cualquier motivación para mejorar el servicio del Taxi desaparecería.
Por si fuera poco, la Autoridad Catalana de Competencia también ve otra cuestión a tener en cuenta: el precio de las licencias de Taxi subirían ya que se revalorizarían. Un inconveniente para los nuevos solicitantes, agravando aún más un problema que lleva arrastrando el sector desde hace años.
Entonces, ¿Qué sucederá con las VTC?
La “guerra” de las VTC y el sector del taxi es una gran patata caliente en la que nadie se atreve a buscar una solución de consenso y definitiva para ambas partes.
A medio plazo parece claro que la situación va a continuar igual para las VTC, al menos de momento. Por tanto, el fin de las VTC, como algunos pronosticaban, no parece tal. El revés del Congreso al decreto ley del Gobierno puede verse como una oportunidad para legislar y ordenar el transporte urbano de una forma más coherente y sensata a los tiempos que corren y que no se busque solo satisfacer a una parte.
Antes que contentar al taxi o al VTC, hay que pensar en el usuario que, como en la mayoría de ocasiones, siempre es el gran perjudicado en estos debates. En plena era digital donde los patrones de consumo están cambiando a una velocidad de vértigo en detrimento de aquellos tradicionales (del diario de papel al diario digital, del correo postal el e-mail o del cine de barrio a Netflix) hay que ir a una solución que se adapte realmente a esto y a lo que el usuario demanda.
En Delvy Law & Finance continuaremos atentos a cualquier novedad o cambio normativo que acontezca en el sector de las VTC y os iremos informando. Para cualquier duda que tengas sobre este u otros asuntos legales no dudes en ponerte en contacto con nosotros en [email protected] o al teléfono 935 18 53 85.
